Una tragedia judicial y familiar sacude a Cafayate.
Hace cinco meses, F. G., una madre oriunda de Misiones, fue separada de su hijo de cuatro años, quién quedó bajo la custodia de su padre, un hombre denunciado por agresión.
A pesar de las denuncias, la justicia salteña impide el contacto de la madre con su hijo desde que decidió hacer público su caso, como una presunta represalia y advertencia hacia ella.
El caso, que fue elevado a Casación, expone un entramado judicial que hasta ahora mantiene a F. alejada de su pequeño, sin ninguna respuesta clara sobre cuándo podrá volver a verlo.
Según la denuncia, todo comenzó el 3 de abril de 2024 cuando la mujer viajó desde Misiones a Cafayate para recuperar a su hijo, a quién había enviado de vacaciones con su padre en noviembre del año pasado y nunca fue restituido.
Al llegar, fue brutalmente atacada en plena Comisaría local por su ex pareja, un funcionario municipal, y su actual pareja, en presencia del menor y de policías que apenas intervinieron.
Durante el ataque, F. fue golpeada, insultada y hasta ahorcada, mientras su hijo presenciaba el horror sin que su padre fuera detenido o responsabilizado. En lugar de protegerla y restituirle al niño, la justicia decidió entregárselo al denunciado, tras un rápido examen médico que constató las lesiones en el pequeño.
La jueza Mariela López y la Asesoría de Menores e Incapaces de Cafayate determinaron que el niño debía quedarse con su padre, lo que dejó a la madre desprotegida y a merced de un sistema que parece castigarla por intentar defender a su hijo.
“Responsabilizo de todo lo que le pase a mi hijo a su padre y los magistrados intervinientes”, declaró la madre en su testimonio, dejando en claro su desesperación y miedo por la seguridad del menor.
Pese a las denuncias y la gravedad de los hechos, la mujer no ha podido ver a su hijo desde hace cinco meses, y su único contacto permitido fue limitado a unas horas supervisadas en la plaza pública, dónde nuevamente sufrió agresiones y amenazas de su ex pareja y la actual mujer de éste.
La falta de acción efectiva y la aparente indiferencia de las autoridades locales frente a un caso que involucra maltrato infantil y violencia de género genera indignación y cuestionamientos sobre el rol de la justicia salteña.
“Quiero que mi hijo esté seguro conmigo. No entiendo por qué me lo siguen negando”, expresó F. a InfoSalta, quién lucha contra un sistema que, lejos de protegerla, parece empeñado en silenciarla.
Mientras el caso sigue su curso en casación, la madre continúa pidiendo auxilio y justicia, esperando que alguien escuche su clamor antes de que sea demasiado tarde.
