La noticia acaba de conocerse, la profesional intervino en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo y ahora la imputan por ajustarse a la ley. Estaba incomunicada.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la detención de la médica del hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, quien intervino en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo (IVE), realizado a una joven de 21 años. Un dato para tener en cuenta es que ésta médica fue denunciante del doctor Marcelo Cornejo que abusó a una o más pacientes, casualmente el abogado de Cornejo habría sido un activo militante de la detención de la profesional.
Aproximadamente a las 9 de la mañana llevaron demorada a la médica del Hospital de Tartagal. La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la mujer. Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió pasado 24 de agosto.
Pañuelazos en las puertas del Hospital Materno Infantil de la capital salteña y en la Casa de la provincia de Salta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hicieron sentir. Junto al repudio generalizado en las redes sociales. “Ahora resulta indispensable, liberaren a la médica, el Estado es responsable”, se escuchaba en uno de los cantos.
Desde la Asamblea Feminista de Salta, organizaciones de DDHH, el sindicato ADIUNSa se expresaron por la libertad de la médica. También, diferentes referentes del movimiento de mujeres en todo el país.
La mujer habría recobrado la libertad pasadas las 14 de este viernes.
Un caso de distinta vara
Florencia Gasparini de la agrupación feminista “Pan y Rosas”, en diálogo con Nuevo Diario, remarcó que este “escándalo en esta Salta medieval, patriarcal, trae de vuelta al juez Mariscal Astigueta, que es el mismo juez que cuando fue el caso de Juana allá en el 2016, que era la niña wichi, que había sido violada en banda, cuando tenía 12 años, él (por Astigueta) también se negaba a darle a Juana el derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)”.
“Entonces acá estamos en el caso de una joven de 21 años que se presenta en el hospital de Tartagal para realizarse una intervención con una de las pocas medica que en Salta lleva adelante estas prácticas. Recordemos que la IVE que se voto el año pasado en la ley, está la objeción de conciencia que hace que médicas y médicos de esta provincia y del resto del país, se puedan presentar como objetores para no realizar las intervenciones”, dijo.
“Nosotros estamos por el derecho a decidir de nuestros cuerpos. En el caso de Juana también se ponía en discusión que estaba con un embarazo de 6 semanas, era un caso totalmente agravado por otras causas”, recordó.
Destacó que en la justicia “ya son cientas de denuncias que se presentan que quieren hacerse la intervención y en Salta las dilatan en el tiempo. No es que uno decide: quiero hacerme una IVE y te autorizan no, es todo un trámite porque justamente lo que quieren hacer es estigmatizar, hay toda una presión de los anti derechos”.
Entonces nuestra pelea es por acompañar a las mujeres y a la diversidad sexual ,a los hombres gestantes, en su derecho a decidir sobre su cuerpo”, finalizó.
“Sin ESI ni politicas estructurales”
En el mismo sentido se expresó la abogada feminista originaria Tyjuayliya Gea Zamora. “Hoy estamos acá como autoconvocadas para pedir la liberación de la compañera médica que fue apresada como estrategia de amedrentamiento a quienes garantizan derechos”, sostuvo.
“Se siguieron los pasos adecuados, la compañera medica está muy bien preparada para eso, como todas las personas que garantizamos derechos, realmente acá lo que nos indigna o tal vez lo que nos llama la atención, es como arman una causa contra una persona que garantiza derechos de la nada; que incluso armaron toda una campaña por fuera sin que se enterara la médica”, añadió.
Aseguró que que ellos (del Poder Judicial) ya sabían que la iban a meter presa, y a la compañera ni siquiera la habían notificado, ni siquiera sabía que estaba imputada “, aseveró.
Sostiene al Nuevo Diario que en Salta no se llevan adelante políticas estructurales que cambiarían las realidades de las niñas y adolescentes en relación al embarazo precoz; al embarazo adolescente.
“Cuando hablamos de ESI, ni siquiera se ha hecho lo suficiente para implementar este programa y más pensando en esta zona lo que es San Martin o en el departamento Rivadavia, que tiene prevalencia indígena. Tampoco hay políticas específicas para trabajar el acceso a la educación sexual integral para jóvenes indígenas desde una mirada intercultural”, enfatizó.
Las referentes feministas con este “pañuelazo” dijeron que abrazan la causa de la compañera, “para que sepa que no está sola, que no nos vamos a quedar quietas hasta que se haga justicia y éstas personas que tan maliciosamente tomaron estas acciones contra ella de verdad paguen lo que están haciendo”, concluyó al NDS Zamora.
