Escándalo en la UNSa: Investigan un presunto desvío millonario a través de una fundación vinculada

Un informe interno encendió las alarmas en la Universidad Nacional de Salta. Autoridades actuales avanzan en una investigación por el presunto desvío de más de 600 millones de pesos que habrían sido canalizados hacia la FUNDALTES, una entidad privada vinculada a la casa de estudios.

La situación fue expuesta a partir del “Informe General Analítico de Gestión”, presentado ante el Consejo Superior por el rector Miguel Nina y la vicerrectora María Rita Martearena. El documento analiza el estado económico y financiero de la universidad y detalla una serie de irregularidades detectadas en el manejo de fondos durante los últimos años.

El secretario de Asuntos Jurídicos, Daniel Mansilla Muñoz, explicó que el proceso se inició tras una auditoría interna que identificó operaciones realizadas por la fundación sin intervención de las autoridades universitarias ni del Consejo Superior. Según indicó, esto resulta relevante debido a que, por estatuto, la presidencia de la fundación debería estar a cargo del rector en funciones.

Entre los hallazgos, se detectaron bienes que no figuraban en los registros oficiales de la universidad, como equipos informáticos, maquinaria y vehículos. Estos elementos fueron posteriormente incorporados al patrimonio institucional bajo la figura de donación, lo que también quedó bajo revisión.

Uno de los puntos centrales del análisis es el destino de los recursos económicos. De acuerdo con los datos preliminares, entre 2023 y 2025 la fundación manejó montos cercanos a los 634 millones de pesos, en parte a través de inversiones financieras como plazos fijos. Según se investiga, esos fondos no habrían ingresado directamente a las cuentas de la universidad.

El informe también pone el foco en distintas operaciones, entre ellas contrataciones de servicios y gastos en publicidad. Además, se analiza el desarrollo de una página web cuyo costo, estimado en alrededor de 15 mil dólares, fue observado por informes técnicos internos.

Desde el área jurídica señalaron que uno de los aspectos clave será determinar si el uso de la fundación permitió realizar contrataciones por fuera de los mecanismos establecidos para la administración pública, como licitaciones o concursos, lo que podría configurar irregularidades.

En paralelo, la investigación apunta a establecer posibles responsabilidades de la gestión anterior, encabezada por Daniel Hoyos y Nicolás Innamorato, entre otros actores que formaron parte de la conducción institucional en ese período.

El Consejo Superior ya aprobó un plan de auditoría específico sobre el funcionamiento de la fundación. Se prevé que el informe final esté disponible en un plazo de entre 30 y 45 días, lo que permitirá definir si corresponden sanciones administrativas o la presentación de denuncias ante la Justicia.

Mientras tanto, la actividad de la fundación permanece limitada y no se están firmando nuevos convenios hasta tanto se aclare el destino de los fondos.

El caso abrió un nuevo escenario dentro de la universidad, donde se discute el manejo de recursos públicos y el rol de estructuras paralelas en la gestión institucional.

Fuente: Buufo