Los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en Salta se declararon en estado de alerta
La política es coherente con la intención de ir en contra de uno de los sectores más vulnerabilizados del territorio argentino, las comunidades campesinas criollas e indígenas que hacen lo posible para no ser expulsadas de sus territorios. En este punto, la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) en Salta tuvo un papel importante en la organización de las comunidades y las políticas que podían acompañarlas en su desarrollo.
La asistencia llega a 17 departamentos de la provincia en donde hay entre 8 mil y 10 mil familias de agricultores que producen en pequeñas superficies con mano de obra familiar y en condiciones de vulnerabilidad respecto al acceso a la tierra y a servicios de salud, educación y comunicación, sumando a esto las condiciones de asimetría en sus posibilidades de negociar de igual a igual con el mercado.
El apoyo de la SAF consiste en la formulación y ejecución de proyectos para la provisión de agua de riego y potable e infraestructura productiva, para agregar valor a los productos primarios y en la comercialización. También existía un acompañamiento técnico y un abordaje integral de la problemática de la pequeña producción rural que abarcaba no sólo aspectos meramente productivos sino también aspectos ambientales y cuidado de los escasos recursos con que cuentan los productores, adaptación tecnológica, aspectos relativos a las inequidades de género, fortalecimiento de las organizaciones, interculturalidad, tenencia de la tierra, valor agregado y comercialización de sus productos, trabajo con jóvenes rurales, entre otros.
La coherencia del llamado “cambio” vino con el desfinanciamiento de la entidad de Agricultura Familiar.
Desde hace 25 años que el Programa Social Agropecuario primero y la Subsecretaría después trabajan con este sector, y ha llegado a cooperar en la provincia con alrededor de 4 mil familias. Los trabajadores de estas áreas son quienes apuntan al arraigo rural, evitando que cientos de familias rurales migren a las ciudades a engrosar los cordones de pobreza urbana.
Esta organización va en contra del aislamiento de las comunidades y por lo tanto evita que los finqueros tomen mano de obra esclava, como tantas veces encontró la AFIP en fincas salteñas, o como denunciaron en Entre Ríos al hoy ministro del área por mantener a empleados en condiciones laborales infrahumanas.
La coherencia del llamado “cambio” vino con el desfinanciamiento de la entidad de Agricultura Familiar que, según indicaron los trabajadores, desde hace dos años han visto deteriorado su trabajo debido precisamente al vaciamiento institucional y de contenido sobre el abordaje integral de la problemática del sector de la agricultura familiar. Esto a su vez se tradujo en el deterioro grave de vehículos, la disminución de la presencia en terreno y la imposibilidad de ejecutar con financiamiento propio los proyectos destinados a los productores. Situación que se suma a la inestabilidad laboral que padecen sus técnicos, contratados algunos desde hace más de 20 años, con contratos de duración anual.
El jueves, los trabajadores nucleados en asamblea emitieron un comunicado denunciando este vaciamiento y el atropello constante de las autoridades que decidieron despedir sin previo aviso a uno de los técnicos contratados faltando sólo tres días para fin de año.
En el comunicado, los delegados de ATE también denuncian que les informaron que en marzo igual suerte correrían otros compañeros que se encuentran en su misma condición y que viven bajo amenazas permanentes de perder sus puestos laborales con nuevas modalidades contractuales que se renuevan cada tres meses.
Con este panorama, los trabajadores decidieron seguir con su lucha por sus fuentes laborales y de sus compañeros y el acompañamiento de los campesinos ya se hizo oír ante aquellos empresarios que hoy gobiernan y que parecieran manejar el Ministerio cual patrón de estancia.
Fuente: Vove
